Activistas denuncian ante la SG desplazamiento forzado y violencia en la Tarahumara

Idioma Español
País México

Organizaciones defensoras de derechos humanos se reunieron con autoridades de la Secretaría de Gobernación (SG), ante las que denunciaron que persiste la violencia del crimen organizado y la inseguridad en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, así como el riesgo de que más comunidades sean expulsadas de sus territorios.

La Red Nacional Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes (Red TDT), Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, entre otras, demandaron a los gobiernos federal, estatal y municipales coordinarse para elaborar un plan especial de atención colectiva al desplazamiento forzado interno, para garantizar a las familias su seguridad, protección y retorno en condiciones adecuadas.

Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos de la SG, Arturo Medina, informó en sus redes sociales que ayer se trasladaron a Ciudad Cuauhtémoc para reunirse y dialogar directamente con personas de comunidades guarijías, rarámuris y mestizas originarias de los municipios de Moris, Urique y Guadalupe y Calvo, que se han visto obligadas a abandonar sus lugares de origen.

Enfatizó que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, el gobierno federal mantiene presencia en territorio, a fin de construir, junto con las comunidades afectadas, soluciones que les permitan, “cuando sea posible”, regresar a sus lugares de origen “de manera segura, voluntaria y digna”.

Respecto a las reuniones con la SG –realizadas a principios de este mes y sobre las cuales ayer las organizaciones detallaron los puntos que abordaron– también acudieron algunas víctimas, quienes compartieron sus testimonios y las dificultades que enfrentan tras abandonar sus territorios. Señalaron que el despojo no sólo implica la pérdida de sus viviendas y patrimonio, sino también de sus comunidades, formas de vida, tranquilidad y, en algunos casos, de seres queridos.

Ante ello, la Subsecretaría de Derechos Humanos de SG acordó trabajar de manera coordinada con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) y las organizaciones integrantes de la Misión Civil de Observación, que en mayo visitó las ciudades de Parral, Delicias y Chihuahua para entrevistar a alrededor de 200 personas y documentar la situación de desaplazamiento forzado interno.

Como parte de los acuerdos, funcionarios de la dependencia realizarán una visita a Chihuahua para reunirse directamente con las comunidades y conocer las condiciones que enfrentan.

En los encuentros, la SG les informó que en días recientes instrumentó acciones y ya cuenta con un diagnóstico a partir de las visitas del 8 y 9 de agosto, “donde reconocieron la magnitud de la problemática del desplazamiento forzado”, según indicaron las organizaciones.

Fuente: La Jornada

Temas: Criminalización de la protesta social / Derechos humanos, Defensa de los derechos de los pueblos y comunidades, Defensa del Territorio

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