Argentina: UBA y fondos

Idioma Español
País Argentina

"En estos días, muchos universitarios sentimos una profunda congoja por pertenecer a una institución que, junto al resto de las universidades públicas, acepta a través de YMAD dinero de la empresa minera La Alumbrera, procesada por el delito penal de contaminación" Norma Giarracca.

En 2001, algunos miembros de la Universidad de Buenos Aires nos sentimos profundamente avergonzados por la sospecha de una serie de manejos institucionales corruptos que la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires decidió investigar, relacionados con el uso indebido de planes sociales orientados a jóvenes desocupados que se utilizaban para estudiantes cercanos a la gestión. Sumado a eso, un hecho de parecidas características sucedía en nuestra Facultad de Ciencias Sociales, donde la propia población de un barrio acudía a reclamar dineros supuestamente robados. Algunos profesores apoyamos la investigación llevada a cabo por Alicia Oliveira desde la Defensoría, pero nunca tuvimos información acerca de sus resultados. No obstante, las autoridades tanto en el nivel de universidad como de facultad perdieron la elección a fines de ese año.

En aquellos tiempos manifesté en diversos espacios que no podía sostener las décadas de trabajo universitario relacionado con los sectores populares, sus sufrimientos sociales, sus resistencias, sus estrategias de reproducción social, en una institución teñida por sospechas de estafar los dineros destinados a ellos. Sentía que mi soporte institucional, del que siempre me había sentido orgullosa, se resquebrajaba para dejarme suspendida en el aire. Hoy, nuevamente, me acompaña ese sentimiento.

En estos días, ya no “algunos” sino muchos universitarios sentimos una profunda congoja por pertenecer a una institución que, junto al resto de las universidades públicas, acepta a través de YMAD dinero de la empresa minera La Alumbrera, procesada por el delito penal de contaminación. Algunos decanos sostienen que la UBA sólo protestó porque el reparto de esos dineros contaminados se hace en partes iguales y no proporcionalmente al tamaño de la institución. “Las universidades aprobaron sin debate el reparto de 86 millones de pesos provenientes de La Alumbrera, cuyo vicepresidente está procesado por presunta contaminación”, informó Página/12.

No reflexionaré acerca de la conducta del sistema de universidades públicas, pues hay colegas que lo han hecho muy bien. Mi deseo es interpelar a las autoridades de la UBA. Pertenezco a su claustro docente –con interrupciones voluntarias y forzadas– desde 1968, cuando fui nombrada “ayudante de segunda” por ser aún estudiante. Esta institución, aun con la política de convenios desatada como en todo el sistema y con su deterioro institucional, ha logrado mantener una sana capacidad crítica en muchos espacios de sus claustros y de sus unidades académicas. La crítica es posible en la UBA, ninguno de sus miembros “se cuida” para expresar sus pensamientos; es la universidad que tiene uno de los movimientos estudiantiles más activos; que está abierta a cualquier organización e inquietud de la sociedad; es la universidad del Plan Fénix en pleno neoliberalismo; es el espacio al que cualquier luchador social acude y tiene un micrófono abierto; es la institución donde mayor cantidad de grupos estudiantiles autónomos y de todas las disciplinas desarrollan importantes iniciativas educativas, sociales, culturales con la población de todo el país. Por eso, vale la pena interpelar a sus autoridades para que revean esta aceptación de dinero de una empresa con un proceso penal por contaminación para no manchar nuevamente sus principios y avergonzar a parte de su comunidad.

Nuevamente, sostengo que en el contexto actual las investigaciones que se proponen contribuir a una sociedad mejor, a una sociedad donde valga la pena vivir, pierden sentido si la institución que las pone en marcha recibe dinero manchado por la contaminación y el sufrimiento social. La UBA es un espacio privilegiado para el debate sobre qué sociedad queremos y podemos construir siempre y cuando se mantenga su autonomía y libertad de pensamiento y, sobre todo, se mantenga como espacio deliberativo, donde decisiones tan importantes como ésta, que compromete su futuro, no queden reducidas a ese mero lugar de “las autoridades”.

Norma Giarracca
Profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA).

Grupo de Estudios Rurales (GER)
Grupo de Estudios de los Movimientos Sociales de América Latina (GEMSAL)
Insituto de Investigaciones Gino Germani
Facultad de Ciencias Sociales
Universidad de Buenos Aires

Fuente: Página 12

Temas: Minería

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