Comunidades y organizaciones conmemoran los 44 años de la Masacre de El Calabozo

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La masacre de El Calabozo dejó como saldo a más de 200 víctimas. Los familiares y sobrevivientes esperan justicia, verdad, y garantías de no repetición. Foto: Diario Co Latino / Cortesía.

A 44 años de la Masacre de El Calabozo, las comunidades y organizaciones de derechos humanos elevaron su voz para mantener viva la memoria de las víctimas y reafirmar el compromiso con la verdad, la dignidad y la justicia.

El Centro para la Promoción de los Derechos Humanos “Madeleine Lagadec” (CPDH), la Asociación de Víctimas de San Esteban Catarina y las comunidades de Amatitán Abajo y Amatitán Arriba, conmemoraron a las víctimas de uno de los hechos más dolorosos ocurridos durante el conflicto armado salvadoreño en dicha región.

La masacre de El Calabozo, ocurrida el 22 de agosto de 1982, dejó alrededor de 200 víctimas de la población civil desarmada que huía de los operativos militares en esa época y ejecutados por el Batallón de Reacción Inmediata Atlacatl. Luego de la firma de los Acuerdos de Paz, en enero de 1992, la Comisión de la Verdad los documentó como Crímenes de Lesa Humanidad.

Por este crimen de guerra son acusados: Guillermo García, ministro de Defensa; Rafael Flores Lima, jefe del Estado Mayor, fallecido durante el proceso; Rafael Bustillo, jefe de la Fuerza Aérea; Sigifredo Ochoa Pérez, comandante del DM-2, también fallecido durante el proceso; y Antonio Méndez, comandante del Batallón de Infantería de Reacción Inmediata (BIRI) «Ramón Belloso».

El CPDH señaló que después de 44 años, sus nombres, sus historias y el dolor de sus familias y comunidades permanecen en la memoria. “Recordar a las víctimas no significa únicamente mirar hacia el pasado; significa reconocer su dignidad, acompañar a quienes sobrevivieron y fortalecer el compromiso para que hechos como estos no vuelvan a repetirse”, señaló la institución en un acto realizado este fin de semana en San Esteban Catarina.

La conmemoración fue también un acto de dignificación de las víctimas y de las comunidades que, pese al paso del tiempo, han mantenido viva la memoria. Desde los territorios se reafirmó que la memoria es un derecho y recordar es un acto de dignidad.

Carolina Constanza, del Centro para la Promoción de los Derechos Humanos “Madeleine Lagadec”, señaló que, como asociación, “ha sido un compromiso contribuir en la construcción de la memoria histórica”. Además, instó al colectivo y a la comunidad a unirse en una sola causa y recordar cada 22 de agosto esta masacre para exigir justicia por las víctimas.

Vicente Alvarado, presidente de la comunidad Amatitán Abajo, señaló que la sangre derramada en el lugar “es como una semilla que no muere”. “Esa sangre, a pesar de que es doloroso para la familia, es un honor saber que lucharon y que murieron por algo justo para todo nuestro país. Ellos murieron por no estar de acuerdo con las políticas del gobierno. Queríamos un país más justo, donde todos tuviéramos oportunidades. Esa era la causa y el delito por qué murieron los hermanos”.

Rolando Ayala, presidente de la Asociación de Víctimas del Conflicto Armado de San Esteban Catarina, recordó que tras los Acuerdos de Paz se formó un comité, pero luego, se convirtió en Asociación para tener la personería jurídica; “somos los encargados de darle vida a todo este tipo de acontecimientos que tenemos en nuestro municipio y para mantener viva la memoria histórica y el caso de El Calabozo que es una de las masacres más emblemáticas del país”.

Como colectivo, hicieron un llamado a las nuevas generaciones a conocer la historia, defender los derechos humanos y construir una sociedad donde prevalezcan la verdad, la justicia, la dignidad y la paz.

Es de contextualizar que el proceso judicial estuvo archivado por la aplicación de la amnistía y prescripción, hasta que se reabrió por sentencias de la Sala de lo Constitucional en 2016. En aquel momento surgió una esperanza para las víctimas, pero 10 años después se ha desvanecido ante la disfuncionalidad del sistema de justicia que omite profundizar en la investigación de los responsables.

El Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil de San Vicente ha rechazado solicitudes para requerir a la Fuerza Armada documentos sobre planes militares de guerra durante la época de la masacre y el conflicto armado, pese a que se trata de documentos de alta relevancia en la investigación.

El tribunal dictó órdenes de detención contra los imputados Guillermo García y Rafael Bustillo, en septiembre de 2023, las detenciones no se hicieron efectivas y permitieron a la defensa técnica impulsar acciones dilatorias que siguen impidiendo las detenciones.

Las comunidades piden justicia y que se le reconozca el derecho a la verdad; por ello, seguirán año con año conmemorando dicha fecha. También, han pedido que se repare el monumento de El Calabozo, ya que el año pasado presentó daños. Dicho monumento fue declarado en el 2016 Patrimonio Cultural por la Secretaría de la Cultura, hoy Ministerio de Cultura. Hasta el momento, les han manifestado que sería la Dirección de Obras Municipales (DOM) la que repará los daños, pero no tienen conocimiento de una posible fecha en que sería ejecutada la obra.

Fuente: Diario Co Latino

Temas: Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

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