De Cajamarca a Catamarca: cinco siglos igual

"La vigencia de la lucha de los pueblos originarios luego de 520 años de genocidio demuestra que los caminos de la resistencia son posibles. Porque el capitalismo ha demostrado con creces ser inviable... Porque la humanidad no se resigna a perecer a manos del “progreso” y abre pasos para una nueva sociedad centrada en la vida y la cooperación."

En Cajamarca fue la cita de poder y colosos,
ningún guerrero allí,
sólo mujeres, niños y ancianos;
y los conquistadores prontos
con arcabuces para descargar
sobre el primer indicio
que desate su violencia.
El cura se acercó
al Inca que inmutable miraba
llamándolo a su fe
imponiendo reconocimiento,
libros sagrados le mostró
que no sabía por qué entender
y así las escrituras volaron por el aire.
La mecha se encendió
se oyó tronar cañones de furia,
caían de a diez
desesperados en su asombro,
el fuego devoraba todo
obras de siglos para levantar
mientras las piedras
absorbían toda la tristeza.

Coco Romero, Uki Tolosa, La Fuente

La fiesta que brindaron con su reencuentro La Fuente el sábado 11 de febrero me dio el pie para iniciar esta nota. Su “Requiem para la Civilización Incaica” escrito en 1977 parecía sintetizar a la perfección la situación que se vive hoy en América Latina desde México y Panamá hasta la Argentina con epicentro justamente en la querida Cajamarca (Perú) mencionada en el Requiem.

Allí, durante los últimos meses del 2011 las comunidades de pueblos originarios y campesinas iniciaron una movilización contra el proyecto de minería de oro y cobre de Minera Yanacocha (de la multinacional Newmont Mining Coorporation) conocido como Proyecto Conga. Entre otras, cosas el Proyecto se planteaba la destrucción de cuatro lagunas vitales en la provisión de agua potable a las comunidades para poner en marcha las minas. Después de reiteradas movilizaciones y de no ser escuchadas, las comunidades decidieron iniciar un paro por tiempo indeterminado que tuvo un amplio consenso social. La respuesta del Gobierno Nacional fue contundente: se reprimió a las comunidades y el Presidente de la República, Ollanta Humala, decretó el Estado de Emergencia por 60 días en las provincias de Cajamarca, Hualgayoc, Celendín y Comtumazá.

La respuesta de las comunidades fue la continuidad de las movilizaciones y, en estos días, ha llegado a Lima la “Marcha Nacional del Agua” tras ocho días de marcha para hacer escuchar en la Capital las demandas del los cajamarquinos. El mensaje de la Marcha es claro: la defensa del agua y el rechazo a la minería en esa zona norandina. También exigen que el agua sea considerada un derecho humano.

Mientras tanto, en Panamá, más de cinco mil indígenas que hacen parte del pueblo Ngöbe-Bugle optaron los primeros días de febrero por cerrar el tránsito en la carretera panamericana al nivel de la comunidad de San Félix (Provincia de Chiriqui), la entrada a la mina Petaquilla (Distrito de Donoso), además del cierre del tramo Chiriqui - Grande Almirante. El reclamo: el presidente Martinelli había excluido de la nueva Ley minera el artículo que se había consensuado y que determinaba la cancelación de las concesiones a empresas panameñas y extranjeras para realizar actividades mineras y la construcción de hidroeléctricas en los territorios indígenas de Panamá.

La respuesta del Gobierno: represión. La policía realizó un “desalojo forzoso” que tuvo como resultado dos muertos y más de 40 heridos. Jérónimo Rodriguez Tugri, conocido como Jerónimo Montezuma, fue la primera víctima de la represión; posteriormente murió Francisco Miranda. La respuesta desde todo el continente fue contundente, cientos de apoyos recibió el pueblo Ngöbe-Bugle. Entre ellas la de un colectivo de organizaciones que exigió que “se detengan inmediatamente las medidas de represión hacia los manifestantes y se liberen a los detenidos y se respete la VIDA, no queremos más sangre derramada ni muertes en nuestras tierras americanas por exigir los derechos que nos corresponden, como ya sucedió en febrero del 2010 en esta misma lucha”. Los Ngöbe-Bugle siguen luchando.

En Argentina también la resistencia de los pueblos se está haciendo oír en Catamarca, donde los pueblos de Tinogasta y Andalgalá mantienen bloqueos selectivos al ingreso de camiones de las Mineras. Allí se resiste al avance de la multinacional Xstrata, la empresa que explota Bajo de La Alumbrera y que busca expandirse hacia otros emprendimientos en la región (ha comprado el emprendimiento Agua Rica). También en este caso la respuesta oficial fue la represión: desalojos forzados, persecución a los medios de comunicación alternativos, intimidaciones, bloqueo del acceso a organismos de derechos humanos. Hoy mismo los vecinos denuncian a Andalgalá como una ciudad “sitiada”. Sin embargo, la resistencia continúa y los bloqueos se han retomado.

Pese a todas las amenazas, las comunidades y las redes que integran, fundamentalmente la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), no se han amedrentado. Las movilizaciones continúan y se prepara para muy pronto una marcha nacional para decirle no a la megaminería.

Pero el caso de Catamarca no es un caso aislado; a lo largo de toda la Cordillera de los Andes se extienden las concesiones mineras a grandes corporaciones. La Red de Asistencia Jurídica contra la megaminería presentó a fines de 2011 ante la Defensoría del Pueblo de la Nación el relevamiento “Informe preliminar sobre vulneración de derechos y conflictividad socio-ambiental minera”. Contabilizó 121 proyectos en “exploración avanzado” (en los que ya se conocen la ubicación y calidad de las reservas pero aún no se resuelve la solvencia económica para dar inicio a la explotación). Encabezan la lista Santa Cruz (36 proyectos), Salta (17), Chubut (14), San Juan (11) y Jujuy (ocho). Le siguen Neuquén (siete); Mendoza, La Rioja y Río Negro (seis cada una) y Catamarca (cuatro). “Los proyectos son propiedad de 51 empresas, sólo dos de capital nacional y 49 de capital transnacional: Canadá, Reino Unido, Australia, Estados Unidos y Suiza (entre otros)”, destaca el informe y advierte que “la instalación de transnacionales mineras implica diferentes conflictos sociales, jurídicos y ambientales, entre los que destacamos la utilización intensiva de químicos de alta toxicidad y el consumo masivo de agua y energía, situación que coloca a la actividad en una condición estructural de tensión con las poblaciones y actividades económicas locales”.

Poco parece haber cambiado en los 420 años de colonización que lleva nuestro continente. En sus “Venas abiertas” Eduardo Galeano nos cuenta que “Entre 1503 y 1660, llegaron al puerto de Sevilla 185 mil kilos de oro y 16 millones de kilos de plata. La plata transportada a España en poco más de un siglo y medio, excedía tres veces el total de las reservas europeas. Y estas cifras, cortas, no incluyen el contrabando. Los metales arrebatados a los nuevos dominios coloniales estimularon el desarrollo económico europeo y hasta puede decirse que lo hicieron posible”.
Sin embargo la solidaridad, las voces de denuncia y el tejido de redes anuncia que algo está cambiando.

Porque la claridad con que hoy se denuncia el saqueo y la contaminación producida por la megaminería amplía las bases de rechazo social a los proyectos.

Porque los pueblos han obtenido impresionantes logros frente a estos monstruos corporativos y las leyes de prohibición de la minería contaminante se han multiplicado a lo largo del país.

Porque la vigencia de la lucha de los pueblos originarios luego de 520 años de genocidio demuestra que los caminos de la resistencia son posibles.

Porque el capitalismo ha demostrado con creces ser inviable y las dictaduras de las corporaciones (financieras, biotecnológicas, mineras) son desnudadas día a día en su brutalidad y desmesura.

Porque la humanidad no se resigna a perecer a manos del “progreso” y abre pasos para una nueva sociedad centrada en la vida y la cooperación.

No será fácil y tendremos muchas nuevas crisis en el camino. Pero vale la pena.

Carlos Vicente
gro.niarg@solrac

Temas: Minería, Pueblos indígenas

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