Decisiones judiciales revelan irregularidades en detenciones realizadas por Estados Unidos en alta mar

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Familiares de pescadores esperan noticias en la Capitanía del Puerto de Manta, Ecuador, el 3 de septiembre de 2026, después de que fuerzas militares de Estados Unidos interceptaran y hundieran una embarcación. © 2026 Ariel Ochoa/AFP via Getty Images.

El Congreso de Estados Unidos debe examinar la opaca cooperación en materia de seguridad.

Entre el 28 de agosto y el 16 de septiembre, fuerzas militares de Estados Unidos interceptaron y destruyeron ocho embarcaciones pesqueras ecuatorianas, alegando que servían como estaciones flotantes de abastecimiento de combustible para lanchas utilizadas en el narcotráfico. Detuvieron a 146 de los 160 tripulantes y los entregaron a las autoridades ecuatorianas, que acusaron a 90 de ellos de “asociación ilícita”.

Desde que Human Rights Watch informó sobre estas operaciones, tribunales ecuatorianos han absuelto a 40 personas. En una sentencia del 29 de octubre revisada por Human Rights Watch, un juez de Manta absolvió a ocho pescadores de la embarcación denominada Don Rufo. Los propios testigos de la Fiscalía, incluidos funcionarios de la Policía y de la Armada ecuatorianas, declararon que no se habían encontrado objetos ilícitos en poder de los pescadores y que no tenían conocimiento de investigaciones previas que los vincularan con el crimen organizado.

El juez afirmó que la acusación se construyó como una “cadena de presunciones sucesivas”. También llamó la atención al fiscal por impulsar un caso sin sustento y dispuso su cierre.

Esta sentencia se suma a una decisión del 7 de octubre que absolvió a otros 32 tripulantes de las embarcaciones Conquista II y María Candelaria por motivos similares. La jueza concluyó que no existían pruebas que respaldaran la acusación de asociación ilícita y llamó la atención a los fiscales por impulsar el caso sin siquiera evidencias mínimas.

De los 160 tripulantes interceptados por Estados Unidos, 110, es decir, el 70 %, están ahora en libertad y sin cargos. Catorce no fueron puestos a disposición de las autoridades ecuatorianas, 56 fueron liberados sin cargos por decisión judicial y 40 fueron absueltos. Otros 50 siguen a la espera de juicio.

Ni Ecuador ni Estados Unidos han hecho pública la base legal del operativo, incluidos los criterios utilizados para interceptar las embarcaciones y, en algunos casos, destruirlas, ni las evidencias que supuestamente las vinculaban con el narcotráfico.

El Congreso de Estados Unidos debe garantizar la supervisión de estas y otras operaciones de seguridad estadounidenses en Ecuador y sus alrededores, donde personas han sido detenidas sin evidencias y, en algunos casos, torturadas por personal ecuatoriano. El crimen organizado en Ecuador representa una grave amenaza que debe abordarse con una política de seguridad y justicia eficaz y respetuosa de los derechos humanos, no mediante violaciones de derechos humanos.

Fuente:  Human Rights Watch

Temas: Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

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