Ejecutivo buscaría perpetuar la minería informal

Idioma Español
País Perú

Un contundente rechazo recibió la propuesta del gobierno de Keiko Fujimori de 'consolidar' el REINFO hasta diciembre de 2028 y crear un nuevo organismo público que gestionaría la informalidad minera de manera indefinida.

Así lo denuncia el Observatorio de Minería Ilegal (OMI) y organizaciones aliadas que expresaron su rechazo ante el proyecto de nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE), presentada por el Ejecutivo con el fin de “acelerar” el proceso de formalización de esta actividad.

Según el OMI, esto demuestra “un compromiso poco serio frente a la lucha contra la criminalidad provocada por la minería ilegal”, una actividad que depreda bosques, contamina ríos y suelos, y pone en riesgo la salud de miles de personas, especialmente pueblos indígenas. 

La propuesta considera crear un organismo nacional para el Fortalecimiento de la Minería Artesanal y Pequeña Minería (FORMAPE), con el argumento de promover mejores estándares en las operaciones, administrar los sistemas de información y trazabilidad y evaluar instrumentos de gestión ambiental, entre otras funciones.

La iniciativa legal del Ministerio de Energía y Minas solo fue “socializada entre sectores que han promovido flexibilizaciones normativas que favorecerían la expansión de la actividad minera ilegal” y no recoge las voces de todos los actores sociales involucrados.

Críticas a la propuesta

Para el OMI, la creación del FORMAPE “institucionalizaría la informalidad minera en lugar de resolverla”, y solo generaría “más burocracia, planillas y costos operativos financiados con recursos de todos los peruanos. El objetivo debe ser erradicar la informalidad, no crear instituciones para gestionarla indefinidamente”.

El observatorio también señaló que las actividades de pequeña minería y minería artesanal “deben cumplir con los principios de protección ambiental del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y contar con certificación ambiental antes de iniciar operaciones”.

Al respecto, agregaron que “afirmar que no se les puede exigir estándares ambientales equivalentes a los de la gran minería es engañoso, pues sus instrumentos de gestión ambiental ya han sido ampliamente flexibilizados”.

“Flexibilizar no puede significar debilitar la protección ambiental ni normalizar el incumplimiento” enfatiza el comunicado del OMI.

El Observatorio también expresó que “resulta preocupante que se excluya a las plantas de beneficio, pese a su rol clave en el procesamiento y lavado de oro de origen ilegal. Su regulación, fiscalización y control constituyen una responsabilidad del Gobierno nacional que no puede seguir siendo ignorada”.

Por otro lado, rechazó que se mantenga “la exención de responsabilidad penal, desconociendo la sentencia del Tribunal Constitucional que ordena eliminar todo mecanismo de impunidad. Esta obligación no se limita al ámbito penal, sino que comprende también las responsabilidades civiles y administrativas”.

Además, señaló que “sorprende el anuncio de que no se cerraría el Reinfo y se mantendría su vigencia hasta diciembre de 2028 bajo el concepto de ‘consolidación’, lo que en la práctica permitirá que sigan operando sin cambios sustanciales”.

Finalmente, el OMI exhortó a las autoridades a no considerar la propuesta que propone “retirar, custodiar y eventualmente aprovechar la maquinaria e insumos incautados en operativos contra la minería ilegal, en lugar de destruirlos in situ”.

Considera que ello “podría debilitar la eficacia de las interdicciones y abrir oportunidades para que estos bienes sean recuperados o reutilizados por las redes criminales”.

Pronunciamiento | El Observatorio de Minería Ilegal exige no ampliar el REINFO y una Ley MAPE con condiciones claras para evitar la impuinidad

Las organizaciones miembros del Observatorio de Minería Ilegal (OMI) y organizaciones aliadas hemos tomado conocimiento a través de diversos medios de comunicación de la propuesta del Poder Ejecutivo para una nueva Ley MAPE. Nos llama profundamente la atención que esta sea socializada entre sectores que han promovido flexibilizaciones normativas que favorecerían la expansión de la actividad minera ilegal y, por otro lado, las voces de todos los actores no sean escuchadas.

Frente a ello, nos genera bastante preocupación y además demuestra un compromiso poco serio frente a la lucha contra la criminalidad provocada por la minería ilegal.

  • La creación del FORMAPE institucionalizaría la informalidad minera en lugar de resolverla. Bajo esta lógica, el Estado mantendría permanentemente un organismo para administrar un problema que no logra solucionar, generando más burocracia, planillas y costos operativos financiados con recursos de todos los peruanos. El objetivo debe ser erradicar la informalidad, no crear instituciones para gestionarla indefinidamente.
  • Las actividades de pequeña minería y minería artesanal deben cumplir con los principios de protección ambiental del SEIA y contar con certificación ambiental antes de iniciar operaciones. Afirmar que no se les puede exigir estándares ambientales equivalentes a los de la gran minería es engañoso, pues sus instrumentos de gestión ambiental ya han sido ampliamente flexibilizados. Flexibilizar no puede significar debilitar la protección ambiental ni normalizar el incumplimiento.
  • Resulta preocupante que se excluya a las plantas de beneficio, pese a su rol clave en el procesamiento y lavado de oro de origen ilegal. Su regulación, fiscalización y control constituyen una responsabilidad del Gobierno nacional que no puede seguir siendo ignorada.
  • Es inadmisible que se mantenga la exención de responsabilidad penal, desconociendo la sentencia del Tribunal Constitucional que ordena eliminar todo mecanismo de impunidad. Esta obligación no se limita al ámbito penal, sino que comprende también las responsabilidades civiles y administrativas.
  • Finalmente, sorprende el anuncio de que no se cerraría el REINFO y se mantendría su vigencia hasta diciembre de 2028 bajo el concepto de ‘consolidación’, lo que en la práctica permitirá que sigan operando sin cambios sustanciales.

Exhortamos a las autoridades a considerar los insumos técnicos y la evidencia de campo durante la evaluación de estas propuestas normativas que proponen retirar, custodiar y eventualmente aprovechar la maquinaria e insumos incautados en operativos contra la minería ilegal, en lugar de destruirlos in situ. Modificar el marco vigente podría debilitar la eficacia de las interdicciones y abrir oportunidades para que estos bienes sean recuperados o reutilizados por las redes criminales. Las operaciones se desarrollan frecuentemente en zonas remotas y de difícil acceso, donde trasladar maquinaria pesada resulta complejo, costoso y operativamente inviable, lo que dificultaría aún más la intervención. A ello se suma que los operadores de justicia enfrentan, en muchos casos, a grupos armados y organizaciones criminales, por lo que prolongar estas operaciones incrementa los riesgos para su integridad y seguridad. Cualquier modificación normativa debe considerar estas condiciones reales y evitar que, en la práctica, termine favoreciendo la continuidad de la minería ilegal.

Desde el Observatorio de Minería Ilegal estaremos atentos a los procesos de diálogo, y propuestas frente a la minería informal e ilegal, corresponde a todas las autoridades evitar que la principal actividad ilícita del Perú siga depredando el ambiente y socavando el Estado de Derecho y la viabilidad de nuestra sociedad.

De lo expuesto, suscribimos el presente pronunciamiento las siguientes organizaciones así como las siguientes personas naturales:

  • Iniciativa Interreligiosa para los Bosques Tropicales en el Perú (IRI Perú)
  • Servicios Educativos, Promoción y Apoyo Rural (SEPAR) 
  • Frankfurt Zoological Society (FZS)
  • Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible – Conservación y Desarrollo (FCDS)
  • Asociación Amazónicos por la Amazonía (AMPA) 
  • Conservación Amazónica (ACCA)
  • Asociación Peruana para la Conservación de la Naturaleza (APECO)
  • Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)
  • Asociación Paz y Esperanza
  • César A. Ipenza Peralta
  • Manuel E. Bernales Alvarado
  • Luis Ernesto Paz Soldán Villarreal
  • Mariano Castro
  • José Ronald Vásquez Sánchez docente asociado de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental (FIGMMG – UNMSM)
Para adherirse a este pronunciamiento, completar la siguiente información: https://forms.gle/xDQrfBbkdE1wk9xB7

Fuente: Servindi

Temas: Defensa de los derechos de los pueblos y comunidades, Minería

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