El Salvador sigue entre países con riesgo "muy alto" de torturas, según índice internacional

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El hacinamiento carcelario y el respeto a los derechos de los privados de libertad son factores que analiza la OMCT para determinar si en El Salvador hay o no tortura. LPG(Archivo)

El índice de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) ubica a El Salvador entre los ocho países a nivel mundial con mayor riesgo, junto a naciones como Nicaragua, Rusia e Irán.

El Salvador aparece, por segundo año consecutivo, como uno de los países con mayor riesgo de cometer actos de tortura, según el índice internacional 2026 de la Organización Muncial Contra la Tortura (OMCT), que se hizo público este 25 de junio.

En su segunda edición, el Índice Global de Tortura analiza la situación de 39 países (en 2025 lo hizo con 26) evaluando, según su metodología, “los sistemas jurídicos nacionales, las políticas públicas y sus efectos en la práctica frente a las normas internacionales de derechos humanos mediante siete pilares temáticos y un análisis regional”.

Los siete pilares que analiza la OMCT en cada país son: el compromiso político contra la tortura, la brutalidad policial y la violencia institucional, la situación de los privados de libertad, la rendición de cuentas en temas de tortura y malos tratos, la responsabilidad de cada estado con las víctimas, el respeto a tratados internacionales y el respeto a defensores de derechos humanos y al espacio cívico.

El Salvador se ubicó en un riesgo alto y muy alto en todas estas categorías de análisis, principalmente por las constantes prórrogas del régimen de excepción, por el informe publicado este año donde expertos internacionales afirman que se han cometido delitos de lesa humanidad en el país durante esta medida y por el alto hacinamiento carcelario.

El país tiene una de las tasas de encarcelamiento más altas del mundo: 2.632 presos por cada 100 mil habitantes (alrededor del 2,6% de la población total), con centros penitenciarios que operaban a más del 181,9% de su capacidad en mayo de 2026”, sostiene la OMCT en su informe sobre El Salvador.

La organización internacional también agrega otros aspectos negativos, como el impacto de la Ley de Agentes Extranjeros en medios de comunicación independientes y en organizaciones de sociedad civil.

“La aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros y la criminalización y detención arbitraria de opositores, exfuncionarios, periodistas y defensores de derechos humanos han provocado el cierre de organizaciones y el exilio de líderes sociales. Cristosal ha documentado 245 víctimas de persecución política, 145 personas criminalizadas y 86 presos políticos”, expone.

También señala que el gobierno salvadoreño no ha ratificado el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y carece de un Mecanismo Nacional de Prevención, lo que, según la OMCT, eleva el riesgo de "desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y diversas formas de tortura, incluyendo palizas, exposición a gas pimienta, privación de alimentos y sueño, restricción de necesidades fisiológicas y violencia sexual".

Además de El Salvador, en la categoría de países con riesgo muy alto de cometer tortura se encuentran Rusia, Bielorusia, Afghanistan, Irán, Etiopía, Libia, Nicaragua.

Las otras categorías que reconoce el informe son alto riesgo, riesgo considerable, riesgo moderado y bajo riesgo. La OMCT destacó que en siete de ocho países de Latinoamérica evaluados persisten los riesgos altos y muy altos, siendo estos El Salvador, Colombia, Ecuador, Honduras, México, Nicaragua y Venezuela.

“El Índice no es sólo una herramienta que permite visibilizar y alertar sobre la situación de tortura en la región, sino que también pone en el centro a las víctimas y sobrevivientes de tortura a través de la documentación de sus casos. En países como Ecuador, México y Venezuela, hemos visto que son ellas y sus familias quienes todos los días siguen exigiendo justicia, denunciando y documentando la tortura, por lo que esperamos que el Índice abone significativamente a su labor”, mencionó Olga Guzmán, responsable de la OMCT para las Américas, en un comunicado.

Fuente:  www.laprensagrafica.com

Temas: Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

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