Extractivismo en AL fomenta disputas sociales y territoriales

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El extractivismo subordina la protección de la vida y los bienes comunes a intereses económicos a corto plazo, dicen más de 50 organizaciones, entre ellas el Frayba.

Integrantes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y de otras organizaciones participantes, en imagen del el 5 de marzo pasado, en la presentación de la agenda 2026 Memorias Subterráneas: Caminos de Paz desde la Lucha Colectiva.Foto Cuartoscuro

Más de 50 organizaciones de 11 países de América Latina, entre ellas el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), advirtieron que “el avance de un modelo de desarrollo basado en el extractivismo profundiza la conflictividad social y territorial en la región, en tanto subordina la protección de la vida, los territorios y los bienes comunes a intereses económicos a corto plazo”.

Agregaron que “la expansión de proyectos mineros, energéticos, agroindustriales y de infraestructura se impone, en numerosos casos, sin garantizar el derecho individual y colectivo a la consulta previa, libre e informada ni el consentimiento de los pueblos y comunidades afectadas”.

En una declaración, manifestaron que “esta imposición del despojo y ocupación es incompatible con las formas de organización, los sistemas propios de gobierno y las visiones de futuro con impactos diferenciados sobre mujeres, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, comunidades campesinas y personas LGBT+, quienes enfrentan mayores cargas de cuidado, discriminación y violencia”.

Expusieron que “en este contexto, defender los derechos humanos y los derechos de la naturaleza en América Latina sigue siendo una actividad de alto riesgo.

“La región continúa como la más letal del mundo para quienes ejercen este rol. Sólo en 2025 fueron asesinadas 275 personas defensoras, principalmente en Colombia, seguido de México y Brasil”.

Las agrupaciones firmantes, de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay y Perú acotaron también que “la realidad de nuestra región es crítica”, pues “atravesamos una profunda reconfiguración del poder marcada por el debilitamiento y desmantelamiento de las instituciones democráticas y por el retroceso en la garantía de los derechos humanos”.

Profundizan la polarización social

Reunidas en los Diálogos de protección: cuerpo, territorio y soberanía, en el contexto de la Juntanza (sic) Latinoamericana, dijeron que “la convergencia de intereses entre sectores del Estado, empresas extractivas, gigantes tecnológicos y estructuras del crimen organizado ha favorecido la captura de la institucionalidad, profundizado la polarización social y reducido las condiciones para participar, sin temor a represalias, en la toma de decisiones públicas”.

Las distintas expresiones del autoritarismo avanzan aceleradamente en América Latina, subrayaron, y consideraron que “en consecuencia, los consensos democráticos están más débiles, el poder se concentra cada vez más en pocas manos; el intervencionismo y la militarización se imponen sobre nuestros cuerpos y los territorios a través del uso abusivo de la fuerza y la aplicación desproporcionada de regímenes de excepción. A su vez, los Estados utilizan los marcos legales para favorecer intereses económicos y corporativos en desmedro de nuestras garantías fundamentales”.

Destacaron que “las agresiones que enfrentamos evidencian un entramado de violencia que combina vigilancia, campañas de desprestigio, amenazas, hostigamiento, criminalización y persecución judicial, alimentado por la impunidad con la que los Estados responden a los riesgos que enfrentamos”.

Indicaron que “en lugar de garantizar nuestra protección, con frecuencia se utilizan normas e instituciones para restringir la labor de quienes defendemos la tierra, el territorio, el ambiente y los derechos humanos”, a lo que se suma “la proliferación de campañas de desinformación y discursos de odio, impulsados desde actores estatales, corporativos y otros grupos de poder, con impactos directos sobre nuestra seguridad, integridad y legitimidad”.

Estos ataques, continuaron, “no sólo impactan nuestros cuerpos y nuestra espiritualidad, sino que también generan riesgos de pérdidas irreversibles para la biodiversidad y los bienes comunes.

Ante ese escenario, pidieron a la sociedad en general “fortalecer la solidaridad y el respaldo hacia las personas, organizaciones y comunidades que defienden los derechos humanos, los territorios y los bienes comunes, frente al avance de tendencias autoritarias y antiderechos en la región.

A los Estados, demandaron “garantizar, de conformidad con sus obligaciones internacionales, un entorno seguro y propicio para el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos; respetar, proteger y garantizar la labor de las personas defensoras; abstenerse de cualquier acción que la obstaculice o criminalice y derogar los marcos normativos que restringen el espacio cívico y limitan el ejercicio de este derecho”.

Concluyeron: “desde esta Justanza Latinoamericana renovamos nuestro compromiso de seguir acompañando a las comunidades y a las personas defensoras que resisten en los territorios, fortaleciendo la articulación regional frente al autoritarismo, las violencias, el despojo y el cierre del espacio cívico.

“No aceptaremos que la persecución, la criminalización, el exilio o la muerte sean el costo de defender derechos humanos, ni que el desmantelamiento del Estado de derecho se justifique en nombre de la seguridad o del desarrollo. Mientras existan garantías amenazadas y comunidades que resistan, seguiremos defendiendo la vida, los territorios, la democracia y la dignidad humana”.

Además del Frayba, el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero y Servicios y Asesoría para la Paz de México, firmaron el pronunciamiento, entre otras, la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata-Agrupación de Presos Políticos por Defender el Agua de Mendoza, de Argentina; la Coordinadora Nacional en Defensa de Territorios Indígena Originarios Campesinos y Áreas Protegidas, de Bolivia; el Centro de Documentación e Información Bolivia, de Brasil.

Fuente: La Jornada

Temas: Defensa de los derechos de los pueblos y comunidades, Extractivismo

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