Extractivismo. América Latina es la región más letal para defensores ambientales

El crimen organizado, las actividades extractivistas —como la minería ilegal, la tala comercial y la agroindustria— junto a la desprotección estatal y la impunidad, mantienen a América Latina como la región más peligrosa del mundo para quienes defienden el medio ambiente y los derechos territoriales.

De acuerdo con el más reciente informe de la organización Global Witness reseñado por la web informativa Resumen Latinoamericano, de los 124 asesinatos de defensores documentados a nivel mundial en 2025, el 85 por ciento correspondió a esta región, concentrándose la violencia en cinco países: Colombia, Brasil, Honduras, México y Guatemala.

El organismo —que define a estas personas como quienes adoptan una postura firme y pacífica contra la explotación destructiva de los recursos naturales— advirtió que la cifra de agresiones es conservadora debido al subregistro y la represión que enfrentan las comunidades.

Según precisa, entre 2012 y 2025, Global Witness contabilizó dos mil 375 asesinatos y desapariciones de activistas en el planeta.

La investigación destaca que la violencia se ha agudizado por la expansión del crimen organizado; en los países con mayor incidencia, más de un tercio de los crímenes involucran a grupos delictivos o sicarios.

De acuerdo con la investigadora senior de Global Witness, Juliana Vélez Echeverri, la persistencia de los conflictos territoriales coincide con la ausencia de garantías por parte del Estado, según precisa SciDev.Net.

Asimismo, la plataforma CIVICUS Monitor constató que 10 de los 15 países donde se registraron muertes poseen la categoría de «represivos» o «cerrados» lo cual obstaculiza la documentación de abusos.

En cuanto al desglose de las víctimas, la violencia ha impactado históricamente a las comunidades originarias y rurales:

  • Indígenas: 842
  • Campesinos: 614
  • Otros sectores: 496
  • Agentes estatales: 99
  • Afrodescendientes: 95

En el caso particular de Colombia, líder en la lista de agresiones, se reportaron 39 muertes en 2025, de las cuales 35 derivaron de disputas por la tierra, afectando equitativamente a indígenas y campesinos.

De esos casos, 17 se vincularon presuntamente con el crimen organizado y cinco con asesinos a sueldo.

Impacto ambiental, narcotráfico y autoprotección comunitaria

La expansión de las redes delictivas ha provocado además severos daños ecológicos en áreas protegidas.

En la región peruana de Ucayali, los cultivos ilegales de coca dentro del territorio del pueblo Kakataibo se incrementaron más de un 600 por ciento entre 2019 y 2023, alcanzando las 12 mil hectáreas y fragmentando bosques primarios intactos.

El comandante de la Guardia Indígena Kakataibo, Segundo Pino Bolívar, denunció la incursión clandestina de grupos ajenos al territorio para instalar laboratorios de procesamiento y pozos de maceración, los cuales contaminan las cuencas hídricas con químicos y abren paso a pistas de aterrizaje ilegales.

Estas actividades abren la puerta a la minería ilegal de oro, la extracción maderera no regulada, la pesca ilegal y el tráfico de fauna.

Ante la inacción estatal, los pueblos originarios han fortalecido mecanismos ancestrales de autoprotección y resistencia civil no violenta, como las Guardias Indígenas, orientadas a vigilar los territorios, detener invasiones y resguardar reservas de biodiversidad genética que albergan especies medicinales como la caoba, la yacuchapana, la ayahuasca y el pijuayo.

La defensa territorial cumple a su vez una función determinante ante la crisis climática global: la reserva Kakataibo perdió cerca de la quinta parte de su cubierta arbórea entre 2000 y 2023, y de continuar la tendencia, la destrucción del bosque forestal liberará gigatoneladas de emisiones de carbono a la atmósfera.

No obstante, desde Global Witness insisten en abordar la protección de las comunidades desde una perspectiva de justicia social y derechos humanos, reconociendo que la lucha de las poblaciones busca garantizar la vida digna en sus hogares ancestrales.

Fuente: Resumen Latinoamericano

Temas: Criminalización de la protesta social / Derechos humanos, Defensa de los derechos de los pueblos y comunidades, Defensa del Territorio , Pueblos indígenas

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