Honduras: La Guacamaya en la mina de oro

Por Oxfam
Idioma Español
País Honduras

"Si realmente el estado hondureño quiere diseñar un proceso transparente y participativo para la aprobación de concesiones mineras, hay mucho trabajo por hacer. Para empezar, una prioridad debe de ser garantizar la seguridad de quienes exigen su derecho a saber y decidir. El gobierno debe asegurar que la información sobre los proyectos propuestos llegue realmente a quienes serán afectados y permitir más tiempo para la consulta, entre otras acciones".

Nuevas concesiones mineras están surgiendo en secreto en Honduras, a pesar de proclamaciones de transparencia y participación ciudadana. Minería Honduras, un nuevo mapa interactivo, evidencia todas las concesiones mineras a partir de octubre de 2015, dándoles la oportunidad -por primera vez- a los ciudadanos hondureños, de ver la ubicación y el estado estos proyectos y ejercer su derecho a conocer y decidir si las explotaciones mineras avanzarán, o no, en sus comunidades.

En abril del 2016, durante una celebración para declarar a Copán Ruinas –municipio en el noroeste de Honduras- como El Valle Sagrado de la Guacamaya Roja, miembros de la comunidad le cambiaron la agenda al viceministro de minería y medio ambiente, presente en el evento.

“Señor ministro, hay una manifestación mañana en contra de unas concesiones mineras aquí“, comenzó un periodista local.

“Yo sé que hay solicitudes para concesiones mineras en prácticamente todos los 298 municipios del país y tengo información que Copán Ruinas no es la excepción”, respondió, “pero la ley dice claramente cuáles son las maneras, los mecanismos, para obtener más información y cómo tomar decisiones como comunidad.”

Tiene razón. El único problema es que en Honduras –y en muchas otras partes del mundo– no siempre funcionan estos mecanismos.

Defendiendo el territorio:

El año pasado, Oxfam comisionó un estudio sobre los impactos actuales y potenciales de la minería en Honduras. En el estudio también participaron investigadores de la Universidad de Clark y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), y uno de los principales objetivos del mismo era ayudar a las comunidades a tomar decisiones sobre el futuro de sus recursos y territorios, lo cual no es nada fácil en un país donde quienes alzan la voz en contra son amenazados, y muchas veces asesinados por hacerlo.

En febrero del 2016, nuestro equipo de investigación visitó Copán Ruinas. Escogimos el municipio porque en mayo del 2015 cuatro concesiones de exploración minera metálica habían sido aprobadas allí. Estas concesiones abarcan 3,789 hectáreas ricas en diversidad biológica y cultural, incluyendo 14 aldeas (donde viven miembros de la etnia Maya Chortí), una cuenca de agua para 40,000 habitantes y cultivos de café y cacao de alta calidad. Además, este territorio también comprende un parque de aves y la antigua ciudad maya de Copán (un sitio inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO).

Honestamente, también teníamos gran curiosidad sobre por qué nadie de la comunidad se había opuesto a un proyecto minero en Copán Ruinas. Con derrames de cianuro, problemas de salud, despojo, accidentes laborales, asesinatos de activistas ambientalistas como Berta Cáceres, manifestaciones masivas y más, la imagen de la minería no es tan brillante como el oro.

Resulta que prácticamente nadie en la comunidad sabía de las solicitudes para explotación minera. Nueve meses antes, Minerales Chortí S.A. de C.V., la empresa líder de la exploración, publicó avisos en el diario hondureño La Prensa y en Radio América. Pero estos anuncios minúsculos quedaron ocultos entre los clasificados del periódico y usaron coordenadas geográficas técnicas (en lugar de un mapa, por ejemplo). Obviamente su publicación pasó desapercibida.

El pueblo se levanta:

Durante nuestra visita produjimos un sencillo mapa que ayudó a difundir el posible proyecto minero y las comunidades de Copán se organizaron en oposición. Activistas locales lanzaron la página de Facebook “No a la minería en Copán Ruinas”, que atrajo a más de 800 seguidores en un solo día.

Las juntas locales de agua expresaron sus preocupaciones y poco después el alcalde de Copán y la Cámara de Comercio, Industria, y Turismo agregaron sus voces de oposición al proyecto extractivo. En abril del 2016, miles de copanecos realizaron una marcha en donde participaron organizaciones de la étnia Maya Chortí. Al día siguiente, la presidenta de la coalición, Rode Murcia, recibió una amenaza de muerte, pero prometió continuar liderando la lucha. Se rumoraba que la amenaza provenía de los lugareños que tenían acuerdos con la compañía minera para vender su tierra o facilitar el proceso.

En mayo del año pasado, la Coalición recaudó fondos de sus 22 comunidades para alquilar un autobús y hacer el viaje de ocho horas a Tegucigalpa, donde presentó una denuncia contra el Instituto Hondureño de Geología y Minas por no garantizar el derecho de los miembros de la etnia Maya Chortí al consentimiento libre, previo e informado. Con la ayuda de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), la coalición de Copán Ruinas obtuvo acceso a documentos clave de las concesiones, incluyendo mapas y planes de exploración.

Los documentos revelaron, que en Honduras se puede cumplir con la ley y a la vez dejar en el total desconocimiento a los más afectados por nuevos proyectos mineros. La ley minera requiere un proceso de consulta exhaustivo para la etapa final de aprobación, pero sólo otorga al municipio local 60 días para aprobar (o negar) las concesiones a través de una votación municipal. El problema es que para ese entonces las empresas ya han invertido millones en exploración y si esta revela un proyecto de extracción viable, abre oportunidades lucrativas para que pequeñas compañías vendan sus derechos de extracción. Este atractivo premio puede motivar a estas empresas a presionar y amenazar a las voces disidentes de las comunidades afectadas, falsificar documentos, y sobornar a numerosos actores clave.

La solución:

Si realmente el estado hondureño quiere diseñar un proceso transparente y participativo para la aprobación de concesiones mineras, hay mucho trabajo por hacer. Para empezar, una prioridad debe de ser garantizar la seguridad de quienes exigen su derecho a saber y decidir. El gobierno debe asegurar que la información sobre los proyectos propuestos llegue realmente a quienes serán afectados y permitir más tiempo para la consulta, entre otras acciones.

Cuando la comunidad tiene la información, actúa. Prueba de ello es que en el lapso de pocos meses, los habitantes de Copán formaron alianzas para movilizarse en masa. Y el movimiento continúa. La Coalición Ambientalista Copán Ruinas se ha unido a la Plataforma del Movimiento Social y Popular de Honduras con varias otras organizaciones como OFRANEH y COPINH, y han participado en audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (ver aquí).

Una de las cuatro concesiones de exploración fue cancelada en mayo del 2016, y hasta hoy se han detenido las operaciones. Los líderes de la Coalición han comenzado a formar nuevas visiones para futuros sostenibles con economías alternativas y una mejor gestión de residuos, agua y suelo. El Valle Sagrado de la Guacamaya Roja incluso puede llegar a sostener vidas humanas y no humanas mejor que antes del caos que se derivó de las concesiones.

Copán Ruinas y otras comunidades sirven de modelo para organizar discusiones, debates y movimientos en la lucha por la autodeterminación.

- Foto por Oxfam.

Fuente: Movimiento Mesoaméricano contra el Modelo Extractivo Minero (M4)

Temas: Minería

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