Resolución del Consejo de Derechos Humanos defrauda a víctimas de abusos de las transnacionales

Por FIAN
Idioma Español

La semana pasada el Consejo de Derechos Humanos aprobó los así denominados “Principios Rectores” del Representante Especial sobre Negocios y Derechos Humanos, John Ruggie, y estableció un grupo de trabajo para implementarlos y difundirlos.

 

FIAN International cree que esta orientación de Ruggie falla en la provisión de mecanismos vinculantes adecuados para hacer responsables a las corporaciones transnacionales por los abusos de derechos humanos.

 

Organizaciones de la sociedad civil, incluyendo FIAN, han identificado cientos de casos que demuestran los vacíos de protección bajo los marcos nacionales e internacionales actuales que se basan principalmente en las regulaciones voluntarias y en las responsabilidades auto-definidas para corregir los abusos.

 

Esta situación tan urgente y bien conocida se ha discutido en el sistema de derechos humanos de Naciones Unidas durante décadas y algunos estándares han sido desarrollados por los organismos de los tratados y otros expertos. FIAN cree que estos estándares deberían continuar siendo la base del futuro progreso hacia el cierre de los vacíos de protección existentes.

 

Las recomendaciones del Sr. Ruggie descansan en gran medida en mecanismos voluntarios, un enfoque que ha fallado. FIAN recomienda que el nuevo grupo de trabajo aplique diferentes fuentes del derecho internacional de los derechos humanos de manera sistemática para garantizar un progreso real que cierre los vacíos de protección de los derechos humanos.

 

Cada interpretación de los estándares de derechos humanos debe garantizar la mayor protección posible a las víctimas de abusos de derechos humanos cometidos por las transnacionales. FIAN considera que el enfoque del Representante Especial es errado, en cuanto asume que la protección de los derechos humanos puede ser el resultado de una negociación política entre los diversos interesados.

 

“Los derechos humanos están claramente definidos en pro de las víctimas, están basados en los principios del derecho y sólo tienen una finalidad: prevenir abusos y violaciones, y proporcionar remedio a las víctimas”, dice Rolf Künnemann, Director de derechos humanos de FIAN International.

 

“Los estados, individualmente y en el marco de la cooperación internacional, tienen la obligación de regular a las corporaciones transnacionales a este respecto y de desmantelarlas, si es necesario. Las opiniones de las empresas en esta materia son previsibles e irrelevantes a la vista de las obligaciones estatales y de los derechos de las víctimas. Lo que interesa es la experiencia de las víctimas y de los defensores de derechos humanos.”

 

FIAN también está en desacuerdo con las afirmaciones de Ruggie, según las cuales los “Principios Rectores” han sido acordados en amplia consulta con todas las partes interesada. Las recomendaciones más importantes de las organizaciones líderes en materia de derechos humanos fueron ignoradas en el proceso de consulta.

 

En enero las críticas a los “Principios Rectores” presentadas por Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), FIAN y otras, fueron despreciadas públicamente por el Representante Especial en una carta en el Financial Times.

 

“Tales ataques a las organizaciones de derechos humanos no se veían en el Sistema de Derechos Humanos de Naciones Unidas desde la Guerra fría, y no se debería permitir que ocurran hoy en día”, dijo Künnemann. “Durante las sesiones del Consejo la atmósfera fue tan hostil, que dificultó los serios cuestionamientos de varios Estados”

 

FIAN le recomienda al Consejo de Derechos Humanos evitar que la promoción de varios mecanismos voluntarios por parte de los relacionistas públicos de las corporaciones se convierta en un “factor de distracción”. En vez de esto, el Consejo debería abordar su función principal de definir como poner fin a la impunidad y remedio jurídico a los abusos de los derechos humanos cometidos por las transnacionales.

 

Fuente: FIAN

Temas: Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

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