Napalpí es todavía una herida abierta

Idioma Español
País Argentina
Los descendientes de las víctimas de la masacre siguen pidiendo, 101 años después, justicia por lo que ocurrió. Foto de Santiago Ramírez Baquero.

En Colonia Aborigen, un pueblo del norte argentino donde hace 101 años se cometió la masacre de Napalpí, los acuerdos de reparación siguen sin implementarse a pesar de la sentencia de 2022. Sus habitantes, descendientes de los indígenas Qom y Mocoit, no se sienten reparados.

Las manos de Abel Sarabia tienen los dedos torcidos por el trabajo. Es una mañana de un miércoles invernal y Abel apoya sus brazos sobre unas placas conmemorativas. Salvo por el trino de los horneros y los teros a lo lejos, el silencio no es el de un cementerio, sino el de una fosa común: bajo los pies de Abel hay enterrados cientos de cuerpos de indígenas Qom y Mocoví. “En ese lugar encontraron a los primeros”, dice señalando una porción de tierra que ha sido removida.

En uno de los pocos espacios que hay para pintar un mural en el pueblo Colonia Aborigen, en la Provincia de Chaco, al norte de Argentina, aparece dibujado un avión que sobrevuela sobre un grupo de indígenas desnudos, algunas madres llevan a sus hijos en brazos; aparece también un policía con un cuchillo y detrás, el fuego. Del avión caen caramelos. El mural ilustra los hechos ocurridos en la mañana del 19 de julio de 1924 cuando un grupo de la Policía masacró a 500 indígenas Qom y Mocoví que se resistían a las pésimas condiciones laborales y a indignas condiciones de vida. Los dulces y la comida fueron la carnada que arrojaron desde el aire para que los indígenas salieran del monte y fueran blanco fácil.

101 años después, el gobierno nacional argentino no ha ofrecido una disculpa pública a los descendientes de las víctimas. Actualmente no hay planes para un acto de perdón, ni se espera que se celebre, porque uno de los grupos que Milei rechaza con mayor vehemencia son los pueblos indígenas. Pero no solo eso, una de las medidas de reparación que se estaban implementando fue abruptamente interrumpida: el gobierno provincial del Chaco suspendió 22 proyectos de educación intercultural bilingüe en escuelas públicas. El gobernador del Chaco, Leandro Zdero, es aliado del gobierno nacional de Javier Milei. El grupo encargado de implementar la sentencia contaba con dos funcionarios de la Secretaría Nacional de Derechos Humanos, Alejandro Jasinski y Claudia Lencina. Ambos fueron destituidos, y ahora nadie en el gobierno nacional tiene contacto con ONG ni organizaciones sociales; es un tema olvidado.

Otra de las formas de reparación tiene que ver con el cambio de nombre del pueblo. Colonia Aborigen, que tuvo su primera municipalidad en 2023, deberá cambiar de nombre hacia uno que no tenga los rezagos colonialistas de la masacre. Hay nombres en la lista, pero el pueblo todavía  sigue cargando con el estigma desde su nombre, que viene del nombre de Reducción Napalpí, una forma traída de Estados Unidos y que tiene que ver cómo los Estados organizaban a comunidades indígenas en el Siglo XX.

Sin avances significativos en el proceso de reparación

Abel es un hombre de espalda ancha y alto, parece muy serio y su voz no es gruesa, su manera de hablar no es apresurada, cada palabra que pronuncia es traída desde la mismísima memoria de su padre: “Mi papá decía que todo esto era monte, y que incluso después de la matanza, los indios se escondieron en el monte y allá los fueron a buscar. Si los encontraban, los mataban. Un hacendado incluso compraba los cráneos de los muertos: sabían donde estaban enterrados y los sacaba y los vendía”. El memorial de la masacre, donde Abel revive las palabras de su padre, fue uno de los acuerdos que quedaron del juicio que se llevó a cabo en 2022; tuvieron que pasar 98 años para que la justicia culpara al Estado argentino de lo ocurrido. De la sentencia resultante de ese juicio salieron siete puntos de reparación histórica. Pero hoy, los descendientes de las personas masacradas sienten que no hay un avance significativo en la reparación a su pueblo.

Desde la sociedad civil se lucha para que la masacre no se olvide y para que se lleve a cabo la reparación completa por lo que ocurrió en 19254. Foto de Santiago Ramírez Baquero

Colonia Aborigen es un pequeño pueblo chaqueño que, a diferencia de sus vecinos Quitilipi, Sáenz Peña o Machagai, queda apartado de la principal ruta nacional de la zona. Su plaza principal se está construyendo, apenas tiene un pequeño hospital, pocas calles asfaltadas y un supermercado. Vanesa es enfermera y colabora en un grupo llamado Renacer Napalpí, que lideró la exigencia de llevar a cabo un juicio por la masacre. Ella trabaja en el hospital del pueblo. Vanesa recopiló parte de los archivos históricos para la elaboración de la sentencia, y, tres años después del juicio y cuando se cumplen 101 de la masacre, siente que un pilar de los acuerdos de reparación no se ha cumplido como se planteó. “No tenemos un espacio de creación cultural, ni una educación bilingüe intercultural”, dice. 

Juan Chico, como se llama la biblioteca del memorial, lleva el nombre del primer investigador, escritor y poeta que impulsó el caso de la masacre hacia un juicio. Chico murió en 2021, durante la pandemia, “a Juan Chico lo dejaron abandonado; su ropa y su DNI aparecieron tirados. No se sabía dónde estaba. Durante la pandemia se produjeron episodios racistas que impidieron la atención a indígenas Qom”, explica Vanessa.

Viviana, una docente que también perteneció al grupo, duda que la implementación de un programa educativo integral se lleve finalmente a cabo de la manera que se planteó. No hay un cupo de profesores indígenas en las escuelas que hagan valer este punto de la sentencia. Existe un equipo del CONICET (organismo dedicado a la promoción de la ciencia y la tecnología en Argentina) e instituciones gubernamentales que recopilan documentos sobre la masacre, y dicha clasificación también está reconocida como una reparación. Sin embargo, el proceso educativo en Colonia Aborigen ha sido, desde la voz de estas primeras ciudadanas que exigieron este derecho, una política de reparación sin rumbo. “Y cada día en los jóvenes del pueblo se empieza no solo a perder nuestra lengua, sino que pocos se interesan por esta masacre, que constituye un crimen de lesa humanidad”.

Cada vez son menos los jóvenes que hablan la lengua originaria. Foto de Santiago Ramírez Baquero

La docente es de las pocas en el pueblo que intenta enseñar por medio de la memoria histórica del territorio. “He tenido que enseñarle a mi hijo, por ejemplo, las danzas para que entienda de dónde venimos. Borraron mucha de nuestra cultura”. Por su parte, Victorino, el único profesor Qom de la escuela en la que da clase, reitera que cada vez hay menos  hablantes de la lengua originaria. Hay sectores en los que  hay personas mayores que la hablan, pero los jóvenes que la usan son muy pocos. “En el Lote 38, el 70% todavía habla su lengua; y en el Lote 40, de donde era Salustiano Romualdo, en La Galera, hablan todavía”.

Victorio Ramírez trabaja en una escuela rural y fue el intérprete de Matilde y Salustiano Romualdo durante el juicio y uno de los traductores de la sentencia final. Matilde y Salustiano fueron dos de las últimas personas con vida que presenciaron la masacre. “Hay cargos para docentes indígenas y profesores de otros lugares. Hay muchos docentes indígenas con título, pero sin ejercer”, explica el profesor, quien insiste en otro tema que también tiene que ver con la reparación: “Además, quedan 2.500 hectáreas por entregar a la asociación comunitaria”, dice. Se trata de la distribución de tierras acordada en el juicio; no completada.

Las secuelas de los descendientes

Napalpí fue y es una historia tapada que dejó secuelas en los descendientes. Victorino, haciendo de intérprete para Matilde Romualdo, recuerda que cuando se le preguntó dónde vivía se sentía incapaz de contestar con exactitud. “Decía ‘yo vivo allá’, y lo decía así, sin más, porque tenía temor de que al hablar alguien pudiera hacerle algo. Le dejó secuelas”. De su hermano, Salustiano Romualdo, dice que desconfiaba sobre quién iba a ser la persona que iba a traducir, y que por eso confió en Victorino, porque temía que en castellano dijeran algo que el mismo Salustiano no hubiera dicho.

En Colonia Aborigen, muchos de sus habitantes se dedican a cortar leña, una de las actividades secundarias de los indígenas de 1924, que principalmente se dedicaban a cultivar algodón. Hoy, el algodón no es sostenible para la economía del lugar. Sin embargo, el rezago de la economía de estos pueblos del norte argentino se sostiene gracias a la tala indiscriminada del bosque; miles de hectáreas que pertenecen a familias poderosas y que dan trabajo a miembros de cabeza de hogar son arrasadas cada año. El trabajo con el  algodón fue reemplazado por una poderosa red que deforesta este ecosistema subtropical.

Fiorella es una artista visual del pueblo y ha narrado su historia en murales y pinturas. Sin embargo, la gran mayoría de veces, y a pesar de que las entidades del Estado la solicitan para que cuente con su propia voz lo que su abuela le contó, no recibe ni siquiera viáticos de transporte para poder llegar a centros urbanos de Chaco para contar el relato de la masacre y así promover una educación basada en la memoria histórica y cultural. Mientras maneja su moto para llegar a una de las escuelas, ve a un buitre y suelta un recuerdo: “Mi abuela me contaba que después de la matanza vio cómo el cielo se llenaba de buitres que sobrevolaban la zona”.

Hoy, muchos de los integrantes de Renacer Napalpí que trabajaron con Juan Chico sienten que con el gobierno de Milei y su creciente poder en la Provincia de Chaco va a ser más difícil avanzar en esta reparación histórica, pero se niegan a creer que la lucha para mantener viva esta memoria vaya a terminar pronto. Los jóvenes chaqueños desconocen en su mayoría lo que ocurrió en Napalpí, en Colonia Aborigen sucede exactamente igual: la desmemoria se ha vuelto parte de la cultura de los jóvenes. Mientras tanto, un reducido grupo de habitantes e investigadores siguen apostando por la memoria histórica contra viento y marea.

Fuente: El Salto

Temas: Criminalización de la protesta social / Derechos humanos, Pueblos indígenas

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