Peso muerto: Fractura Expuesta #6

Idioma Español
País Argentina

El mito griego cuenta que Sísifo fue condenado por Zeus a subir una montaña cargando una gran piedra, que, poco antes de llegar a la cima, caía al pié de la cuesta, por lo que el ascenso debía repetirse perpetuamente. Como en ese mito, la explotación de Vaca Muerta se impone sobre los hombros populares, y cuando el objetivo anhelado por el Gobierno (aumento de extracción, exportación, etc.) parece empezar a concretarse, el proceso vuelve a cero, y hay que soportar nuevamente la subida.

Todo el poder a los CEO

La política hidrocarburífera no escapó a la crisis de la gestión de Cambiemos. La bomba de relojería que la alianza gobernante confeccionó desde el inicio de su mandato explotó antes de que este finalizara. Liberalización del sector financiero, aumento exponencial de la deuda externa y millonarias transferencias desde el conjunto de la población “que tienen un mayor peso sobre los sectores populares” hacia a las grandes corporaciones fundamentaron la economía desde 2015.

Duró poco: las multitudinarias movilizaciones de diciembre de 2017 contra la reforma previsional signaron el principio del fin. El acuerdo con el FMI y la mano negligente del mercado se encargaron del resto: al cierre del macrismo, con todos los indicadores sociales estallados, las imágenes del 2001 no parecen tan lejanas. Al conformar el equipo de la cartera energética, Cambiemos había anticipado que su política beneficiaría a las principales compañías del sector. Al ministro Juan José Aranguren, exgerente de Shell, lo seguían otros funcionarios con carrera en Pan American Energy, Exxon Mobil, Axion, Edesur, Total y TGS, entre otras. En paralelo, designaron en YPF a directivos provenientes de otros sectores, como el presidente Miguel Ángel Gutiérrez, ex Telefónica.

Como corolario, la política hidrocarburífera tuvo una lógica más coordinada entre distintos actores empresarios y gubernamentales, en desmedro del rol preponderante que había mantenido YPF desde su expropiación parcial en 2012. En esta etapa, el Gobierno focalizó los subsidios en algunos nuevos proyectos de extracción de hidrocarburos no convencionales a través de la Resolución 46/2017, dolarizó las tarifas y liberalizó el precio de los combustibles (mientras pudo), promovió la flexibilización laboral en Vaca Muerta (ver nota de Marcelo García en esta edición) y se alineó estrechamente con el Gobierno de Trump.

Lo que en definitiva implicó que las compañías privadas multiplicaran sus ingresos en perjuicio de los/as consumidores/as y de YPF.

Promediando la gestión, las limitaciones de esta dinámica comenzaron a hacerse tangibles. Después de recurrir al FMI, una ley retrotrajo los aumentos de tarifas a noviembre de 2017. Macri la vetó inmediatamente. En junio renunció Aranguren. En agosto, abrieron con bombos y fanfarria la exportación de gas, y una inusitada devaluación aceleró el proceso inflacionario que, dolarización mediante, impactó en el precio de la energía. Por ello, el nuevo ministro/secretario Javier Iguacel incumplió el aumento de la energía en dólares, aunque en pesos la suba continuó. En diciembre se anunció una nueva suba de tarifas; horas después, Iguacel renunció y fue sucedido por un funcionario de la gestión económica, Gustavo Lopetegui, quien reinterpretó la Resolución 46/2017 y pagó menos de lo que esperaba Tecpetrol, la gran beneficiada por los subsidios en 2018, que aún presiona con acciones legales.

En abril de 2019 volvieron a aumentar las tarifas y prometieron que mantendrían los precios durante la segunda mitad del año; el peso se devaluó un 30% después de las elecciones primarias de agosto, y el Gobierno definió el congelamiento de precios de los combustibles “liberalizados en 2017” por 90 días, pero ofreció financiar parte de la “pérdida” a cambio de que no hubiera juicios. A los 30 días, sacó del freezer los precios de los combustibles y los aumentó.

El ideal (post-neo)liberal que el Gobierno quiso imponer en la gestión energética encontró, por lo menos, cuatro obstáculos: las resistencias políticas y populares, sobre todo a los tarifazos, la falta de dólares, las exigencias de las corporaciones (que reclaman subsidios u otros beneficios estatales) y el acuerdo con el FMI, que impuso un ajuste a cambio del multimillonario préstamo en dólares. Más allá del desconcierto, quienes menos tienen fueron los más afectados por los tarifazos, que, vinculados con el empeoramiento de todos los indicadores sociales, multiplicaron la pobreza también en términos energéticos. El 2019 define un escenario abierto e inestable con tensiones que se profundizan, medidas zigzagueantes e incertidumbre generalizada.

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Fuente: Observatorio Petrolero Sur

Temas: Petróleo

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