México: la construcción de presas unifica las protestas y resistencia de los afectados

Idioma Español
País México

La autoridad federal incumplió promesas de pago justo y otros beneficios, acusan

Las comunidades en resistencia a la construcción de las presas y en defensa del agua afirman que no quedará aislado ninguno de estos movimientos que se gestan en el país, para lo cual mantendrán comunicación entre ellos sobre el estado de los proyectos y harán uso de los recursos legales para buscar la cancelación de las obras.

Cansados del incumplimiento de las promesas del gobierno, con temor a ser desplazados de sus tierras y perder su arraigo, las comunidades afectadas se agruparon en el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder), el cual ha comenzado a unificar las protestas de Guerrero, estado de México, Nayarit y Jalisco, donde hay planes de construcción de siete presas.

Mientras el gobierno federal presume que estas grandes obras de infraestructura generan empleos y benefician el desarrollo del país, lo que es un hecho es que en la mayoría de las 575 grandes presas construidas en territorio nacional se engañó a las comunidades, que fueron inundadas y reubicadas, prometiéndoles que se les haría un pago justo por sus tierras, que mejoraría su calidad de vida, que llegaría el desarrollo, pero hoy estos conglomerados viven en extrema pobreza, advierte el Mapder.

Señala que el gobierno ha hecho caso omiso de las recomendaciones de la Comisión Mundial de Represas y a su informe final de 2000, en el cual especifican las acciones a tener en cuenta para la construcción de grandes embalses. El gobierno mexicano no ha respetado los amparos, pues ha violado flagrantemente la Constitución, las leyes agrarias y normatividades internacionales, indica la organización.

Sin embargo, se trata de una política que se da en el mundo, y "cambiar las prioridades del sector hídrico requerirá que el Banco Mundial deje de actuar como defensor de la industria mundial que construye grandes represas", indica en un análisis el director de la Red Internacional de Ríos, Patrick McCully. Aunque admite que no "todas las grandes represas son inherentemente malas, las estrategias hídricas enfocadas en las grandes represas no pueden reducir significativamente la pobreza, y desvían el dinero de los enfoques que sí pueden hacerlo".

Resistencia organizada

Aunque la oposición a la construcción de presas no es nueva, lo relevante es que esto ha llevado a una nueva organización de las comunidades. Ya no sólo es La Parota, en Guerrero, donde hace tres años comenzaron las protestas, sino que en Jalisco también se ha desatado la inconformidad por los proyectos Arcediano, San Nicolás -sobre el río Verde-, el Zapotillo, la Yesca -prevista entre Jalisco y Nayarit-, y San Cristóbal, así como en los casos en que las obras ya se hicieron como en Aguamilpa, y donde están por concluir, como El Cajón, en Nayarit.

Felipe Flores Hernández, vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a La Parota (Cecop), dijo en entrevista que "el gobierno habla de desarrollo para los campesinos, pero les quita sus tierras y son desplazados por las trasnacionales. De ahora en adelante vamos a luchar en todos los estados donde pretendan hacer una presa", advierte.

En el caso de La Parota, que se construiría sobre el río Papagayo, en Guerrero, Flores Hernández señala que "los dueños de las tierras no vamos a permitir que ese proyecto se lleve a cabo". Agrega que a los afectados no se les ha dado un peso, además de que hay amparos y los campesinos no están dispuestos a ceder su tierra sin que les hayan pagado, aunque, acota, el gobierno dice que ya se les liquidó y que a los campesinos ya los convenció.

Tan sólo en La Parota los desplazados serán alrededor de 25 mil personas que pertenecen a 36 comunidades, pero en lo que sería la parte baja de la cortina hay unas 50 mil personas que sólo se quedarían con tierras áridas, por el cambio en la corriente del río. Señala que en contra de este proyecto han utilizado medios legales, como la revisión de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), hay dos demandas contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por delitos ambientales, y otra contra el comisariado de bienes comunales por falsificación de firmas.

Refiere que representantes de La Parota acudieron a la Organización de las Naciones Unidas, la cual emitió una recomendación sobre este caso, y planean interponer demandas internacionales, porque aquí "ni nos ven, ni nos oyen".

Otros proyectos

La obra de la presa el Zapotillo se planea sobre el río Verde, en los Altos de Jalisco, para abastecer de agua a León, Guanajuato, y tendrá un costo de 7 mil 450 millones de pesos; se prevé que afectaría directamente a alrededor de 700 personas de las comunidades Temacapulín, El Palmarejo y Acasico.

Este proyecto considera el trasvase de agua de la cuenca del río Santiago hacia el Lerma con impactos ambientales que no han sido evaluados. En el caso de San Nicolás, también en los Altos de Jalisco, se dio una suspensión en mayo de 2005 por la resistencia de los pobladores de San Gaspar.

Arcediano se haría también sobre el río Santiago y se pretende que abastezca de agua a la zona metropolitana de Guadalajara: la inversión requerida es de 3 mil 900 millones de pesos. El líquido de esta presa sería un grave riesgo para la salud de la población debido a la cantidad y tipo de contaminantes; Guadalupe Lara, habitante de la zona donde se prevé la obra, en la barranca Huentitán-Oblatos, presentó amparos en contra del proyecto, precisó el Mapder.

El pasado 10 de julio, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales autorizó la MIA de la presa la Yesca, que aprovechará el agua del río Santiago en la colindancia entre Jalisco y Nayarit. Sin el aval de la comunidad indígena wixarica, que sería la principal afectada, esta presa será la más alta del mundo en su tipo, con una cortina de 210 metros de altura, y prevé regular los escurrimientos de los ríos con la formación de un vaso de almacenamiento para la generación hidroeléctrica.

La superficie que se tiene previsto que se inundará es de 3 mil 492 hectáreas, además de que ocupará el tercer lugar en potencia y está considerada como planta de generación para horas pico de consumo de energía eléctrica, indica la MIA. El sitio previsto para la construcción es sobre el cauce principal del río Santiago, seis kilómetros debajo de la confluencia con el río Bolaños, y 62 kilómetros aguas arriba de la cortina de la presa El Cajón. El embalse afectaría el cañón Santiago y el paisaje agavero, declarados patrimonio de la humanidad por la Unesco.

Este es uno más de los proyectos del gobierno federal que se prevé imponer a los habitantes, señaló la comunidad tuapurie, localizada en territorio wixarica, la cual acordó formar parte del frente de lucha contra las presas ante lo que consideran una imposición

En cuanto al proyecto Aguamilpa, en Nayarit, una de las presas hidroeléctricas más grandes del país que ya está en operación, donde los habitantes aceptaron el pago de la CFE, se han detectado daños a la zona costera por la retención de sedimentos, mientras que la denominada "obra del sexenio", El Cajón, edificada sobre el río Santiago, entre los municipios de la Yesca y Santa María del Oro, tuvo un costo de 750 millones de dólares, pero sólo funcionará a 16 por ciento de su capacidad y está a 95 por ciento de su construcción.

Rodolfo Chávez, de La Parota, sostiene que el movimiento contra las presas no surgió porque un pequeño grupo tiene un problema. "De aquí en adelante ningún movimiento estará solo. De aquí en adelante estará presente el Mapder, que hará la defensa de la gente afectada por los ríos, los envases, las presas y la contaminación del agua."

La Jornada, México, 8-8-06

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