Aconsejamos a la ONU detener sus contratos con el Grupo Bolloré

Idioma Español
País África, Asia
Protesta contra la empresa de plantaciones Okomu Oil Palm Oil en Nigeria. (Foto: Okpamakhin Initiative)

La ONU lucha contra la pobreza y el hambre. Sin embargo, programas como el PNUD, el PMA y Unicef, no prestan la necesaria atención al comportamiento de las empresas con las que trabajan. El Grupo Bolloré, uno de sus mayores proveedores de servicios, está acusado de corrupción y, a través de una filial, de acaparar tierras.

Graves acusaciones planean sobre el  Grupo Socfin, en el que el  Grupo Bolloré tiene una participación del 39%. Socfin, que explota plantaciones de caucho y aceite de palma en diez países de África y Asia, tiene mala reputación: las poblaciones locales denuncian el acaparamiento de tierras y otros métodos despiadados en lugares donde operan sus filiales. Como ejemplo, testigos presenciales identificaron a las fuerzas de seguridad de  Okomu Oil Palm Plantation Plc, filial de Socfin, junto a miembros del ejército como autores del incendio de la aldea nigeriana de Ijaw-Gbene, en mayo de 2020.

El Grupo Bolloré también ha sido acusado de corrupción y prácticas ilegales en la obtención de concesiones portuarias en África, escribe el Instituto Oakland, en su informe "Haciendo negocios con el Grupo Bolloré" ( "Doing business with the Bolloré Group"). El 26 de febrero de 2021, el Grupo Bolloré aceptó un  acuerdo con la fiscalía y una  multa de 12 millones de euros en relación con las  acusaciones de corrupción en Togo. El juez instructor del tribunal insistió en la gravedad de los cargos y en juzgar a los altos ejecutivos bajo cargos penales.

A pesar de estas alegaciones, varias organizaciones de las Naciones Unidas recurren al Grupo Bolloré como proveedor de servicios. En particular, el Programa Mundial de Alimentos, el Programa de Desarrollo PNUD y UNICEF. Gracias a los contratos, el grupo gana 50 millones de dólares al año en concepto de logística y otros servicios, revela el Instituto Oakland.

El  24 de mayo de 2021, 40 organizaciones de 16 países pidieron a la ONU que pusiera fin a todas las relaciones comerciales con el Grupo Bolloré y sus filiales. La ONU no ha respondido a la petición, ni a la reciente carta del Instituto Oakland, del 11 de noviembre de 2021.

Sólo la presión pública puede convencer a la ONU de hacer lo correcto y abandonar sus contratos con el Grupo Bolloré. Por favor, firma la petición y ayuda a difundir.

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El  Grupo Bolloré está controlado por la familia Bolloré. Cyrille Bolloré es presidente y director general de  Bolloré SE desde 2019. Su padre Vincent Bolloré es director general de la  Compangnie de l'Odet y forma parte del Consejo de Administración del  Grupo Socfin.

En octubre de 2021,  varios medios de comunicación informaron de que el Grupo Bolloré podría estar planeando poner fin a sus  actividades logísticas en África. Sin embargo, no hay confirmación por parte de la empresa. Las dudas se justifican, ya que el  sitio web y el informe anual de 2020, por ejemplo, destacan la importancia de la división.

El Grupo Bolloré también posee una parte importante de acciones del grupo de medios de comunicación Vivendi (27%). Según la revista Der Spiegel, Vincent Bolloré promovería así al candidato presidencial ultraconservador Éric Zemmour.

En varios casos, Socfin y Bolloré han  demandado a organizaciones europeas y africanas, medios de comunicación, periodistas y representantes de comunidades que han sido críticos con las empresas. Socfin rechaza las críticas.

Carta completa

Para: Programa Mundial de Alimentos (PMA), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Unicef

Estimado Sr. Beasley
Estimado Sr. Steiner,
Estimada Sra. Fore,

El Grupo Bolloré es uno de los principales proveedores de servicios de las Naciones Unidas, los cuales le suponen 50 millones de dólares de beneficios al año en concepto de logística y otros servicios. Entre 2015 y 2019, varias agencias de la ONU firmaron más de 200 contratos con el grupo, por valor de más de un cuarto de billón de dólares. Sus tres organizaciones cubren aproximadamente el 95% de este importe.

Hacemos un llamamiento para que sus instituciones pongan fin a toda relación comercial con el Grupo Bolloré y sus filiales por los siguientes motivos:

- El Grupo Bolloré tiene participación del 39,4 por ciento en las plantaciones de caucho y aceite de palma del Grupo Socfin. Socfin controla casi 400.000 hectáreas de concesiones de plantaciones en Asia y África. En todos los lugares en los que operan sus filiales en Nigeria, Camerún, Sierra Leona, Costa de Marfil y Camboya, los pobladores han denunciado prácticas de depredación como el acaparamiento de tierras. En repetidas ocasiones, las comunidades locales han sido víctimas de violencia, amenazas y detenciones arbitrarias.

- El Grupo Bolloré ha sido acusado de corrupción y prácticas ilegales en una serie de acuerdos para obtener concesiones portuarias en África. El 26 de febrero de 2021, el Grupo Bolloré aceptó un acuerdo con los fiscales y una multa de 12 millones de euros en relación con las acusaciones de corrupción en Togo.

Todos los documentos y contextos en los que se basan las declaraciones anteriores se recogen en el informe del Instituto Oakland "Doing Business With the Bolloré Group".

Dado el documentado historial de acusaciones de violaciones de los derechos humanos, prácticas ilegales y corrupción, que los organismos y programas de las Naciones Unidas hagan negocios con el Grupo Bolloré parece ser una violación flagrante del Código de Conducta de los Proveedores de las Naciones Unidas, de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos y del acuerdo firmado con el Grupo en el marco del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

Hacer negocios con el Grupo Bolloré también contradice la misión de sus instituciones de aliviar el hambre y el sufrimiento y promover el desarrollo.

Por lo tanto, aconsejamos a sus instituciones que pongan fin a toda relación comercial con el Grupo Bolloré y sus filiales.

Fuente: Salva la selva

Temas: Acaparamiento de tierras, Agronegocio, Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

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