América Latina, laboratorio de las ciudades privadas

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Representación aérea de CryptoCity en la Isla de Margarita / Fotografía de Free Cities

América Latina se está convirtiendo en un laboratorio de ciudades privadas que prometen liberar a empresarios y millonarios de las regulaciones estatales. Con proyectos en marcha en distintos países de la región y otros todavía en fase de planificación, estas iniciativas buscan ensayar nuevas formas de gobierno privado que ponen en cuestión los fundamentos mismos de la democracia.

Subestimamos los cambios históricos no porque sepamos demasiado poco, sino porque creemos que el futuro es una continuación del presente. Los tiempos que nos toca vivir son considerados un cambio de época o interregno. ¿Dónde, pues, pueden percibirse ya estos cambios, aunque sea a pequeña escala? ¿Dónde está ocurriendo el futuro? Por más lejana que parezca, América Latina es un campo de experimentación para modelos de gobierno privado sin democracia. Por cierto, no en toda América Latina sino en minienclaves en Honduras, Nicaragua, Venezuela, y quizás pronto también en Uruguay y Argentina. Y esto no tiene que ver solo con América Latina sino también –y mucho– con el presente de Europa y Estados Unidos, así como con las actuales tendencias libertarias y de ultraderecha.

Próspera, Veritas Village, CryptoCity, Praxis, Xcity: son nombres sonoros, modernos, prometedores. Estos enclaves privados son experimentos, hábitats artificiales para el empresariado y las start-ups «libres» que pretenden desarrollarse sin estar sujetas a leyes y obligaciones estatales. Las ciudades privadas al estilo de Próspera en Honduras –probablemente el modelo más conocido– atraen a dueños de start-ups tecnológicas, fanáticos de las criptomonedas, transhumanistas o biohackers; y, sobre todo, a libertarios que no desean pagar impuestos. Según sea el punto de vista, estos experimentos pueden considerarse disruptivos o visionarios, pero son, ante todo, libertarios y profundamente neocolonialistas: el Estado en cuestión queda anulado mediante contratos privados; se trata de islas altamente desarrolladas en medio de regiones más pobres. Rara vez la población local se beneficia de la infraestructura de tecnología avanzada. El modelo de negocio saca provecho de debilidades estatales, la inestabilidad y los problemas económicos. Algunos pioneros lo admiten abiertamente.

Próspera, una zona de desarrollo especial gestionada por la empresa estadounidense Honduras Próspera Inc., se encuentra en la isla de Roatán, en el Caribe hondureño. En su sitio web se destaca su cercanía –vía aérea– respecto a ciudades de Estados Unidos. Es probable que multimillonarios del sector tecnológico, como Peter Thiel, Sam Altman y Marc Andreessen, hayan participado en el proyecto. Según la propia empresa, unas 1.700 personas han adquirido la «residencia»; además, no es necesario permanecer allí más de siete días por año. Se puede participar pagando un único impuesto de 5.000 dólares estadounidenses. La tasa de impuesto asciende a 1 % de los ingresos brutos de una empresa, mientras que a escala nacional la misma tasa es de aproximadamente 25%. Próspera fue legalizada por Honduras como zona económica especial en 2017. No está obligada a cumplir con las leyes hondureñas y tiene la facultad de establecer su propio sistema jurídico, sus propios tribunales, su propia policía, así como sus propias leyes fiscales y normas.

Mientras que el proyecto fue siempre apoyado por los gobiernos de derecha de Honduras, el gobierno de izquierda de Xiomara Castro decidió, en 2022, cerrar Próspera. El 20 de abril de 2022, el Congreso hondureño derogó la ley que amparaba a la zona económica especial. En respuesta, Próspera presentó una demanda contra el Estado de Honduras por 10.700 millones de dólares, aproximadamente un tercio del PIB del país, por violación de los derechos de inversión y la seguridad jurídica. Posteriormente, en 2025, la Fiscalía General de la República de Honduras informó que el monto inicialmente reclamado se había reducido en 85% en el marco de un procedimiento arbitral judicial. Dado que, en 2024, la Corte Suprema declaró inconstitucional la ley sobre zonas especiales, los fundamentos de la demanda de Próspera quedaron debilitados. Aún no está claro cómo seguirá esto. Porque desde enero de 2026 una derecha muy conservadora ha vuelto a ocupar la Presidencia, lo que condena al fracaso el intento de detener el proyecto Próspera. Aquí también, como en otros países de América Latina, el gobierno de Donald Trump se entrometió en las elecciones brindando un apoyo unilateral al candidato derechista Nasry Asfuera. En cuanto a Alemania, en Próspera participa Titus Gebel, fundador de la Free City Foundation y defensor de «ciudades-Estado» de gestión privada que escapan al control democrático.

Los experimentos son variados. CryptoCity, en la isla venezolana de Margarita, es otro proyecto que, desde 2023, se promociona entre empresarios y se encuentra actualmente en fase de construcción. En este caso, la iniciativa proviene de un empresario alemán. Al igual que Próspera, no se trata de una ciudad privada soberana con jurisdicción estatal propia, sino que, mediante un modelo de zona económica especial, dispone de amplias facultades para establecer sus propias normativas. La intervención estadounidense, el 3 de enero de 2026, se interpreta como un impulso positivo que provocará un enorme boom.

CryptoCity es administrada, según su sitio web, de forma descentralizada, autónoma y digital. Cada propietario de un terreno puede participar en la toma de decisiones y en las inversiones. El proyecto se concibe más bien como una comunidad cerrada de empresarios y sus familias. En el caso de CryptoCity, las motivaciones políticas se expresan con claridad: «Estamos firmemente convencidos de que Alemania está en decadencia. Nos negamos a aceptar la lenta expropiación y privación de nuestra capacidad de acción. Dejamos atrás la guerra, los impuestos excesivos, la inseguridad provocada por una migración no cualificada y las políticas verdes». En una mesa redonda celebrada en noviembre de 2025 con empresarios afines, el fundador Tim Stern subrayó: «Mientras te largues de Europa, cualquier país de América Latina es estupendo. Después, búscate una buena esposa y sé feliz».

Por su parte, Veritas Villages se presenta más bien como una red de enclaves independientes y organizados de forma privada, que evoca un inconformismo organizado con enfoque empresarial. «La polarización política y los gobiernos de corte autoritario tienen atenazado al mundo occidental, y un grupo cada vez mayor de personas ilustradas busca liberarse de ello. Veritas Villages ofrece la solución a este dilema», afirma Autris, el holding empresario de Veritas Villages. Estos enclaves aceptan las estructuras de gobernanza del país anfitrión; su objetivo principal es lograr una libertad práctica y la autogestión, en especial en lo que respecta al suministro de energía y agua, así como a las finanzas. La red abarca algunos de los lugares costeros y turísticos más bellos de Nicaragua, Panamá y Costa Rica. Se planea expandirla a Belice, Honduras, El Salvador, México, Ecuador y a Argentina.

Otros lugares de experimentación, como BitcoinCity (El Salvador), no han pasado de ser un gran anuncio. Proyectos como Praxis (Uruguay) o Xcity (Argentina) buscan aún concretarse y consolidarse. Praxis se concibe a sí misma como una especie de «nación digital»; más allá del espíritu emprendedor, su objetivo es la construcción de una nueva sociedad. El 22 de septiembre de 2026, Praxis anunció la creación de su primera sede física dentro del proyecto de desarrollo urbano +Colonia, situado junto a la ciudad de Colonia del Sacramento, a orillas del Río de la Plata en Uruguay, a poco más de una hora en ferry del área metropolitana de Buenos Aires y a dos horas por carretera de Montevideo, la capital uruguaya. Algunos colaboradores de la Free City Foundation se muestran algo decepcionados, ya que «el estatus de zona administrativa especial, según la legislación uruguaya, dista mucho de la ciudad autogobernada que se prometió en su momento». Dado que, por ahora, la presencia de Praxis en +Colonia no se ha materializado en cuestiones concretas, resta ver hasta qué punto este acuerdo inmobiliario podrá, en 2027, dar lugar a un experimento sociopolítico que opere al margen de las normas del muy presente Estado uruguayo.

Xcity, el ejemplo más reciente, pretende construir una ciudad basada en la inteligencia artificial en el noroeste de Argentina, donde, mediante la inversión correspondiente, también será posible obtener la ciudadanía argentina. El capital inicial para la residencia es de 80.000 dólares estadounidenses, sin un «requisito estricto de permanencia física». Además, según una investigación de Tengo Data, el proyecto busca solicitar al gobierno argentino ciertas atribuciones de autogestión. Hasta ahora, Xcity es una ambiciosa inversión privada –con un empresario chino como actor central– que aprovecha las nuevas regulaciones libertarias impuestas por el presidente Javier Milei. Queda por ver si también se pondrán a prueba nuevas formas de gobernanza privada.

Empresarios pioneros del Norte global (incluida China) están estableciendo una base fuera de sus propias sociedades democráticas, que perciben como excesivamente reguladas. Y encuentran un terreno fértil en la debilidad estatal de América Latina. O bien aprovechan, como buenos empresarios, las oportunidades que les brinda la política libertaria, como en el caso argentino.

Las elites están llevando a cabo una secesión. Tecnomillonarios y empresarios que ya no desean formar parte de una comunidad, de un colectivo, impulsan su visión de un mundo regido por la lógica de la rentabilidad dentro de un marco libertario. Mientras Musk ensaya esas visiones en Marte, sus afines más «terrenales» ya están poniendo a prueba modelos de gobernanza privada que buscan separar el poder económico y la autorregulación de los marcos estatales democráticos. Si bien impulsan una democracia condicionada a la membresía, como en las asociaciones o clubes privados, establecen simultáneamente una barrera que limita el acceso a esa participación. Quien queda fuera de esta comunidad exclusiva, aunque se vea afectado por sus decisiones, carece de voz. La cuestión decisiva aquí es si la igualdad política constituye un derecho universal o un privilegio reservado únicamente a los miembros de una comunidad.

Los enclaves en América Latina nos permiten vislumbrar un posible futuro. La desvinculación del poder privado respecto del control democrático –o, al menos, estatal– representa un peligro real, y no una oportunidad para el desarrollo y la prosperidad. Libertarios antidemocráticos utilizan América Latina como laboratorio de pruebas. Mientras seguimos observando consternados el experimento anarcocapitalista en Argentina —o denunciamos con excesiva lentitud la Doctrina Donroe—, proliferan y se consolidan cada vez más enclaves privados. El ritmo se acelera en el «patio trasero» de Estados Unidos, que ha cobrado nueva vida; allí, el futuro se organiza bajo sus propias reglas. Se trata del siguiente paso lógico en el desmantelamiento de los derechos conquistados democráticamente, un proceso impulsado por las políticas libertarias y de extrema derecha: cuando la igualdad política se vincula a la pertenencia a un grupo, la democracia corre el riesgo de dejar de ser un principio universal y convertirse en un acuerdo exclusivo para personas escogidas.

Traducción: Carlos Díaz Rocca

Fuente: Nueva Sociedad

Temas: Corporaciones

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